DISCURSO CENTRAL DÍA DEL PODER JUDICIAL
DISTRITO JUDICIAL MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
07/01/2018,Foto y video Fidias Pavel Garcia V.
Muy buenos días,
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Distinguidas autoridades
civiles, religiosas y militares que nos honran con su presencia;
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Mis estimados pares Jueces y
Juezas presentes en el día de hoy;
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Magistrados/as que forman
parte del Ministerio Público,
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Defensores públicos y Abogados
adscritos a la defensoría pública,
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Abogados/as, así como a todos
y cada uno de los servidores judiciales y administrativos que nos acompañan,
·
Miembros de la prensa,
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Invitados especiales,
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Señoras y señores.
Al constituirnos
en una sociedad fundada sobre la base de valores cristianos y como bien
inicialmente colocamos en manos de nuestro creador esta importante celebración
de la Justicia dominicana, me permito enarbolar lo establecido en proverbios
16: 1-3:
“Podemos hacer nuestros propios planes, pero
la respuesta correcta viene del señor. La gente puede considerarse pura según
su propia opinión, pero el señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas
en manos del señor y tus planes tendrán éxito”.
Una vez dicho esto y con la
sencillez que me caracteriza, quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado
de poder dirigirme ante ustedes en una ocasión tan especial como es lo es “el día
del Poder Judicial”, que, como cada 07 de enero conmemoramos. Bien es sabido
que en esta fecha se celebra en cada Distrito Judicial la audiencia solemne, y,
a la sazón, se me ha conferido la labor de pronunciar el discurso central de dicha
actividad.
En consecuencia, aprovecho este
espacio para expresarles a todos los aquí presentes mis más sinceras
felicitaciones, pues es una festividad intrínseca de todos los que formamos
parte del Sistema Judicial Dominicano, y, más aún, agradecerles por su
presencia, pues sin ella no sería posible esta actividad. En tales atenciones, me permito compartir algunas
palabras alusivas a la ocasión que nos ocupa, especialmente sobre el impacto de la justicia en la sociedad y
los desafíos a los cuales nos enfrentamos.
Nuestra Carta magna en su artículo 8 dispone que “Es función esencial del Estado, la
protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y
la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria,
equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de
justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los
derechos de todos y todas”. Si esta es su función esencial queda
explicitado que está en el marco de su obligación vital la de “garantizar
derechos”; y, representando el Poder Judicial uno de los tres poderes del
Estado, este tiene a su cargo el compromiso de hacer cumplir con dicho
imperativo Constitucional, claro está, dentro del marco de su competencia.
A propósito del impacto de la justicia en la
sociedad, es de notable conocimiento que nuestro Poder Judicial tiene a su
cargo la labor de administrar justicia
para decidir sobre los conflictos entre personas, sean estas físicas o morales,
en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado[1],
teniendo su ejercicio configurado por ante la Suprema Corte de Justicia y los demás
tribunales determinados por la ley. En ese orden, si el Poder Judicial es un
poder del Estado entonces la sociedad tiene derecho a participar en los asuntos
concernientes al mismo, y éste, a su vez, ha de trabajar por y para la
sociedad.
La mayor parte de las empresas entregan servicios
sean estos tangibles o no, a sus usuarios, pero para el caso del Poder Judicial
el servicio que se ofrece es de la administración de justicia, destinado a los usuarios
que día tras día se acercan a los tribunales. Para ello, el constituyente y el legislador
crean un sistema Constitucional y legal, comprendido por el conjunto de normas,
procedimientos e instituciones jurídicas, el cual ha experimentado un
importante proceso de ensanchamiento que alarga su radio de acción y destaca
aspectos de la realidad social nunca antes vistos. Por consiguiente, nos
atrevemos a afirmar que la vida en sociedad ha devenido paulatinamente
juridificada.
Pero, ¿Qué
significa el hecho de que la vida en sociedad ha devenido paulatinamente
juridificada?
La respuesta a dicha interrogante nos viene dada en
el sentido de que se observa en la cotidianidad el uso cada vez más
generalizado y frecuente, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, de los
distintos instrumentos legales puestos a su disposición, pasando así el sistema
legal a abarcar cada vez más áreas y a incluir en su radio de acción a un
número creciente de personas, máxime cuando la vida jurídica en su conjunto,
transcurre inevitablemente bajo la sombra vigilante de los tribunales.
Pero este ensanchamiento de la “vida juridificada”
no sólo implica el mero hecho de un mayor número de personas que se acercan a
los órganos y dependencias de la justicia con la finalidad de solucionar sus
conflictos, sino que este ensanchamiento compele o trae consigo una percepción
por parte de la ciudadanía en sentido general, para lo cual el Poder Judicial –como cada año– impulsa una serie de acciones
concretas enfocadas en optimizar y mejorar el servicio de justicia.
A
tales efectos, observamos como en el pasado año 2017 fue implementado el plan
nacional de descongestión en los tribunales, aplicado no sólo a los tribunales
de derecho privado, sino también a casi todos los tribunales del orden
judicial, que, como ejemplo de ello en nuestro distrito judicial podemos hacer
mención de la Jurisdicción Inmobiliaria, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo,
entre otros… en los cuales se observó no solo el apoyo de mayor capital humano,
sino además apoyo logístico. Este
apoyo, en conjunto con el capital humano ya existente, logró en varias
jurisdicciones convertir la mora judicial de este Distrito Judicial de María
Trinidad Sánchez en una figura casi quimérica, como bien se reflejó en las
estadísticas precedentemente leídas en la presente audiencia solemne.
Otros
puntos relevantes que se suscitaron en la justicia dominicana durante el año
2017 –y de la
cual debemos de hacer mención–,
es el tema de las políticas públicas enfocadas en el estilo
igualitario en el lenguaje jurídico, así como el tema de la violencia de género. Sobre este
último aspecto nos detenemos a mencionar que estamos conscientes del incentivo a
la creación de una nueva cultura, que, tal como expresaron diversas
personalidades del quehacer jurídico, entre ellas una de las que a mi juicio
fue más notable, la expresada por el Dr. Félix Tena de Sosa en su condición de jurista
y especialista en varias ramas del Derecho, especialmente del Derecho
Constitucional, quien expresó: “ (…) es
necesaria una nueva cultura de la
masculinidad que asuma mejor y con normalidad los cambios ocurridos en los
roles de género”. A tal reflexión, continúa añadiendo lo siguiente: “Bien sabemos que no es una alternativa
válida aferrarse a paradigmas de antaño, que, evidentemente, son incompatibles
con el principio de igualdad plena entre mujeres y hombres”… Y esperamos
que así sea!!
Por
otra parte, al unísono de las acciones antes señaladas, orientadas en optimizar
el servicio de justicia, se encuentran los desafíos a los cuales nos
enfrentamos. Dentro de ellos durante el año pasado y que aún persisten en este,
nos permitimos hacer mención de los siguientes:
a) Más que la observancia a la Ley
194-04 que contempla una partida del 2.66% del Presupuesto General del Estado
para el Poder Judicial, y sobre nuestro clamor que no solo se enfoca en un mero
aumento salarial, sino que el desafío se complementa ante el no cumplimiento
por parte de los demás poderes Estatales de una Ley de autonomía presupuestaria
del Poder Judicial, lo que constituye una traba decisiva en el camino de dotar
al sistema de justicia de las competencias e idoneidades necesarias para ejecutar
aún más eficientemente nuestra labor, en beneficio de la sociedad;
b) Como en años pretéritos, nos enfrentamos a
situaciones que obligan a mejorar la credibilidad de la justicia frente a la
sociedad, independientemente de la constante labor disciplinaria que el Consejo
del Poder Judicial ejerció, siendo esta última muy activa incluso más que en
años anteriores, en la que observamos la suspensión y desvinculación de jueces
y servidores judiciales sometidos por diferentes imputaciones;
c) Sobre este último aspecto, debemos hacer mención que
estamos contestes con las medidas legalmente establecidas de aquellos servidores judiciales
que real y efectivamente realicen actos en detrimento de la función pública así
conferida a ellos, pues bajo ninguna circunstancia apoyaremos lo que esté mal
ni actos deshonestas. Nuestra observación sobre los juicios disciplinarios, así
como los juicios de valor que hace la misma sociedad, va encausada en el hecho
de no someter disciplinariamente
por la simple razón de emitir una decisión conforme a los hechos y el derecho
sobre el caso en concreto planteado, pues bien sabemos que –por regla
general–
en un proceso judicial siempre una parte saldrá afectada y la otra gananciosa.
Este es un tema que realmente afecta a la sociedad porque va de la mano con la
seguridad jurídica, al no permitirse el establecimiento de “la cultura del
miedo en los servidores judiciales”; miedo de tomar una decisión con seguridad,
que a su juicio, sea la correcta en función de la razón y su conciencia, lo que
incide directamente sobre “Independencia Judicial” que debe
caracterizar a todo administrador de justicia, la cual, conforme al Código
iberoamericano de Ética Judicial en su art. 2, así como otros instrumentos
afines, dispone que “el juez
independiente es que aquel que determina desde el derecho vigente la decisión
justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho
mismo”. A partir de tal precepto, entendemos que el tema de la
independencia judicial no solo va dirigido a los encargados de administrar
justicia, sino que, además, esta se hace extensiva a las demás dependencias y a
todos los servidores del sistema de justicia. En esencia, la independencia
judicial es un compromiso que se debe el juez a sí mismo, de hacer lo correcto
sin ningún tipo de injerencia ajena a su conciencia y a sus conocimientos
técnicos.
d) Entre otros desafíos…
Estamos
conscientes de que aún persisten los desafíos a superar, especialmente para el
caso de nuestro distrito judicial de
María Trinidad Sánchez, tales como:
·
La
creación de Salas en los órganos de justicia, en atención a la carga de
procesos que entran a dichos órganos, así como de una unidad de atención
permanente que sea independiente del Juzgado de la Instrucción, el cual funge
ambas funciones;
·
En
consecuencia, la designación de un mayor número de capital humano, así como
fijar el capital humano designado de forma provisional,
·
Mayor
viabilidad para la ejecución de las decisiones que ameritan el uso de la fuerza
pública,
·
Eliminación
de una burocracia excesiva para la viabilización de los procesos y mayor uso de
los instrumentos tecnológicos, y
·
Mayor
accesibilidad a los funcionarios públicos (OJO… sobre esta parte nos permitimos
hacer un paréntesis: mayor accesibilidad a los funcionarios públicos no implica
recibir desmedida o desproporcionalmente a los usuarios del sistema de
justicia, pues esto iría en desmedro del normal y adecuado desenvolvimiento de
nuestro trabajo. Mucho menos esto implica recibir a dichos usuarios en aras de
estos buscar clientelismo, ser o hacer partícipes a los funcionarios públicos
de actos deshonestos que vayan en detrimento de los principios éticos que
debemos enarbolar, sino más bien lo que queremos denotar es el acercamiento de
tales funcionarios públicos con la sociedad –tal como se ha venido
implementando en programas como “justicia y sociedad”, a fin de una mejor
administración de justicia).
En
fin, todo lo antes dicho es fiel reflejo de que hoy por hoy el servicio de
justicia ocupa un papel preponderante porque preocupa a toda la sociedad. Este cambio
de paradigma en función del interés social ha de ir en consonancia con el hecho
de que la ciudadanía se comprometa con los problemas del servicio de justicia,
más aún cuando los servidores públicos son agentes políticos independientes e
imparciales, y cuando decimos “agentes políticos” no nos referimos al trillado
concepto popular que se le ha dado al término de “política”, sino más bien que,
transportándonos a la raíz del referido concepto, a su real y verdadero
significado; esta viene dada para resolver los problemas que plantea la
convivencia colectiva, orientada al bien común,
en consonancia con cumplir una función social.
Nuestro norte siempre ha de ser optimizar el servicio de
justicia. Como establecíamos inicialmente en nuestro discurso: “trabajar por y para la sociedad”,
aprehendiendo sus necesidades y actuando en consecuencia, ya que de ello pende
en gran medida que se fortalezca el sentimiento de vivir en un Estado
impregnado de seguridad jurídica, pero para ello también es necesaria la
existencia de un sistema organizado de servidores judiciales comprometidos a
dar esa milla extra necesaria para hacer más efectivas las labores, movidos por
el sentido de la responsabilidad y del deber, la vocación de servicio,
combinada con una serie de equipos y herramientas que busquen la satisfacción
de las necesidades de los usuarios.
Todos estos factores devendrán en una sana administración
de justicia, que esté pensada para que la sociedad se sienta segura y confiada,
en convivencia cónsona con el respeto a los derechos fundamentales de los seres
humanos.
Ya al concluir con estas palabras, debo agregar que
no es tarea fácil dejar a todas las personas contentas. Al respecto, Chaïm
Perelman, uno de los precursores de la argumentación jurídica, planteó que no
es posible convencer a todo el mundo; más puede diseñarse un discurso para un “auditorio
universal”, compuesto por seres dotados de razón. En ese sentido, este discurso
es una exhortación que busca motivar el desarrollo todos los esfuerzos
encaminados a realizar una justicia eficiente y oportuna, pues un verdadero
desarrollo a nivel institucional implica un Poder Judicial creíble, imparcial, INDEPENDIENTE,
pero sobre todo, cercano a la sociedad… lo cual es vital para todo sistema
democrático en el que la administración de justicia juegue un rol protagónico
en ello.
No he de
finalizar estas palabras, sin antes hacer una invitación. Una invitación y a la
vez exhortación para la comunidad jurídica de María Trinidad Sánchez a
continuar ejerciendo sus funciones con integridad, responsabilidad y vocación
de servicio, pues como bien decía Juan Antonio Xiol, Juez Español, “Una buena justicia está en comunión con las
personas a las que les sirve”.
MUCHAS GRACIAS!!
[1]República Dominicana. Constitución de la
República Dominicana. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, 26 de enero
2010. Artículo 149, Párrafo I.